La visión y concepción de un proyecto de ley fundamentado en el estudio de las necesidades de la industria musical de Puerto Rico figura como una oportunidad para los agentes culturales, que de alguna manera u otra se han visto afectados por el establecimiento de políticas públicas locales y federales. Ciertamente el desarrollo cultural constituye un principio proteccionista de sectores menos aventajados del país, así lo ha sido históricamente. Sin embargo, este principio proteccionista no se propone, ni se ejecuta por los organismos gubernamentales responsables de establecer leyes y estatutos. Por ello, se hace imperativo que nuestras políticas culturales tengan un eje fundamental en la generación de condiciones favorables, que fortalezcan el crecimiento de la industria musical y creativa así como la identidad nacional.
En el Derecho Internacional, la cultura es considerada como un derecho humano fundamental y una obligación de los gobiernos de propiciar condiciones para su desarrollo y florecimiento (Artículo 27, fracción I de la Carta Internacional de Derechos Humanos). Dicho esto, en el siguiente artículo ponemos en relieve los desaciertos, consensos, preocupaciones y propuestas de los músicos independientes del país.
Durante las vistas públicas celebradas el pasado martes, 6 de septiembre de 2016, por la Comisión de Cultura del Senado se pronunciaron varias discusiones en torno a la pérdida de vigencia de las expresiones nacionales musicales por falta de exposición y difusión. También se planteó el interés y el problema de la radio como medio de acceso a la música, el fortalecimiento de la industria musical a través de incentivos, la educación de los músicos en términos de propiedad intelectual, así como la hegemonía de los sellos multinacionales.
En este escenario no tan complejo, las posibilidades del modelo de autogestión parece ser una solución a la competencia desigual contra los medios de difusión, pero no, esa no es la realidad. Los programadores de radio dicen basarse en unos criterios específicos, estadísticos y objetivos para escoger la música que muestran al público. Este parece ser un argumento legítimo, sin embargo, la publicidad y difusión se establece en un carácter poco compresivo y en muchos casos se cuestiona la legalidad de los procesos de la radiodifusión. Tomemos por ejemplo “la payola”. En el término coloquial la payola es un acto de soborno, un pago ilegal por parte de los dueños de radio o productores a cantantes o agrupaciones musicales para colocarlos en la pauta de transmisión.
Constituye un hecho que en el mundo artístico las víctimas principales de “la payola” lo son los artistas nuevos, independientes y económicamente desventajados. Ésta, como muchas otras limitaciones, nos da una buena perspectiva del error que significa dejar en manos del mercado el destino de la producción y difusión de la música local, especialmente cuando se evalúa la efectividad y desarrollo de la industria musical. La ley y las entidades de gobierno encargadas en velar por los estatutos en su estado actual, son insuficientes y merecen una evaluación a la misma vez que su reestructuración. Es por esta razón que la discusión de la radioemisoras y transnacionales representa una importantísima oportunidad para establecer una legislación que provea un trato igualitario y justo para la clase artística local.
Este proceso ciertamente sitúa el rol del estado en contraposición de distintos agentes que contralan los importantes medios de difusión en la isla. El gobierno de Puerto Rico puede escoger entre la defensa miope de los intereses privados o la oportunidad de superarlos en función de legislación que proyecte un nuevo modelo de desarrollo para la industria musical local.
Mirando al exterior y tratando el tema desde la misma situación, observamos como otros países se han enfrentado a una guerra publicitaria a los mismos efectos. En estos casos países como Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Sudáfrica, Australia, Nigeria, Francia, Canadá, Israel, Jamaica y México han logrado regular el mercado de forma tal que se obliga a las radio emisoras a subir la demanda de música local. Por consiguiente, provoca un aumento significativo en el nivel de producción musical, mayor desarrollo en los estudios de grabación y se comienza a crear una campaña de apreciación a los artistas y músicos locales. De igual manera, esta medida logro que los sellos transnacionales invirtieran en producción del país abriendo espacios para un gran número de intérpretes y compositores que encontraron un campo laboral fértil donde mostrar y producir sus creaciones.
Sea cual sea la propuesta final, al Senado no le puede faltar el recurso intelectual y académico. Es tan importante la investigación para diagnosticar las principales fortalezas y carencias de nuestra industria música independiente, como también la creación de talleres y seminarios de capacitación en materias financieras, administrativas, contractuales y legales para los artistas locales.
La discusión de este proyecto de ley presentado por los Senadores Ramón Luis Nieves y Antonio J. Fas Alzamora, es un interesante ejemplo de procesos de políticas culturales entre la clase política y el sector cultural, dos de los cuales se reconocen por sus disociaciones históricas. No puede negarse lo oportuno que resulta el que una legislación contraste con los argumentos que se han expresado en las pasadas vistas públicas.